Número-2071
- Están dadas las condiciones para avanzar en la dictaminación de la iniciativa, afirman Martí Batres y Patricia Mercado.
El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama, y la titular de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, Patricia Mercado, consideraron que están dadas las condiciones para avanzar en la dictaminación de la iniciativa que busca expedir la Ley General de Seguridad Vial.
Acompañados de representantes de organizaciones civiles, los senadores ofrecieron una conferencia de prensa donde solicitaron acelerar el proceso legislativo de esta propuesta a los integrantes de las comisiones de Zonas Metropolitanas y Movilidad, Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, además de Estudios Legislativos, Segunda.
Batres Guadarrama recordó que ya se han realizado varios foros con la participación de organizaciones sociales, legisladores, representantes de los gobiernos locales y del ámbito federal. Dio a conocer que el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, le expresó que esta ley debe avanzar, pues “es parte del cambio que se debe dar en el diseño de las ciudades y en los nuevos procesos de urbanización”.
Dijo que las comisiones determinarán el alcance de la iniciativa, si debe ser acompañada por otras reformas o si es necesaria una fundamentación constitucional. “Si los análisis jurídicos no llevan a ellos, tendremos que hacer también la dictaminación de una reforma constitucional. En todo caso es importante avanzar incorporando los diversos puntos de vista”, expresó.
El senador agregó que se platicará con Grupos Parlamentarios “para que nos ayuden a que se agilice el proceso de dictaminación de esta iniciativa”. Asentó que en un proceso de cambio es muy importante la agenda de transformación urbana, de la visión de la vialidad, de la movilidad y de los derechos de quienes no utilizan vehículos automotores para trasladarse.
Además, acotó, es un proyecto pertinente en el debate, que tiene que ver con la sustentabilidad. Hay una preocupación mundial por el calentamiento global y la propuesta es una forma de contribuir a reducir las efectos de este fenómeno.
Asentó que “es muy importante avanzar en esta dictaminación a lo largo de lo que queda del mes de julio y en el mes de agosto. Ya se hicieron consultas, ya se plantearon los temas, están las iniciativas presentadas hay que dictaminar ahora”.
Patricia Mercado, por su parte, afirmó que “estamos transitando por el camino más seguro hacia una Ley General de Seguridad Vial, que no tenga ninguna arista que no hayamos tomado en cuenta”.
Informó que de los foros celebrados en diferentes regiones del país surgió la propuesta de hacer una reforma constitucional “que amarre” la propuesta de ley. Ya hay iniciativas presentadas y están otras propuestas en camino para que la Comisión de Puntos Constitucionales pueda dictaminarlas, agregó.
“Si esto implica una reforma constitucional, pues finalmente esta discusión se dará en todas las comisiones de movilidad y en los congresos locales”. Esto, enfatizó, hace posible que la propuesta sea tomada en cuenta por autoridades gubernamentales y por congresos estatales.
Areli Carreón, fundadora de Bicitekas A.C. y Alcaldesa de la bicicleta en la CDMX, destacó la participación de las organizaciones civiles para crear la primera ley mexicana en materia de seguridad vial. “Es indispensable establecer el marco legal para implementar políticas públicas que ayuden a prevenir la muerte de cerca de 16 mil mexicanos que fallecen cada año víctimas de percances viales”, agregó.
Señaló que las organizaciones de la sociedad civil confían que el proceso de dictaminación continuará con seriedad y alta participación de las y los legisladores. Además, esperan que este mismo año esté lista la ley para construir calles y carreteras seguras donde transitar no sea un riesgo de muerte.
Finalmente, reconoció el apoyo de senadoras y senadores, así como de las comisiones dictaminadoras, por impulsar el debate informado y el ejercicio de Parlamento Abierto con el que se ha escuchado a todos los sectores sociales involucrados en esta legislación.
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